El Consejo Interterritorial aprueba el primer Plan de Acción a nivel nacional para la prevención del suicidio.

Cada día 11 personas se quitan la vida. Cada día más de 200 lo intentan. El suicidio es prevenible en la mayoría de los casos pero cada año se siguen engrosando las estadísticas del INE de dolor por los que no se pudieron evitar: 4116 en 2023.

Con este nuevo Plan de Acción al que se ha dado luz verde se persigue, entre otros objetivos para reducir las muertes y el sufrimiento, una mayor coordinación, extender en todo el territorio medidas eficaces que detecten el riesgo y garanticen la asistencia temprana y el seguimiento a personas vulnerables, identificar los determinantes sociales del dolor, fortalecer las redes comunitarias, dar apoyo a quienes han perdido a un ser querido por suicidio y sensibilizar frente a una realidad estigmatizada. Los fondos que recibirán las CCAA, que la ministra Mónica García ha cifrado en 18 millones de euros, estarán condicionados a la presentación de proyectos.

La nueva estrategia frente a la conducta suicida, a la que se ha dado luz verde contempla, entre otras medidas, la creación del primer Observatorio estatal de prevención del suicidio, un sistema de vigilancia que mejore el registro de casos de muertes e intentos, extender la realización de autopsias psicológicas a adolescentes y el Código de Riesgo Suicidio en todas las regiones para garantizar una atención temprana y seguimiento a una persona en crisis.

El grueso de la labor de atender y dar respuesta a este extremo sufrimiento y desesperanza en la población ha recaído en las CCAA al tener transferidas las competencias de Sanidad y en los últimos años se han ido desarrollando de forma desigual documentos (planes, protocolos y estrategias) con diferente grado de implantación, recursos e inversión presupuestaria lo que hace que la atención que recibe un ciudadano en crisis varíe en función de su código postal.

Este plan de acción, elaborado en colaboración con un «grupo motor» con representantes de las distintas CCAA, una treintena de sociedades científicas, profesionales asociaciones y supervivientes y al que ha tenido acceso EL MUNDO se estructura en seis líneas de actuación dirigidas a la prevención de carácter universal (toda la población); selectivas (grupos en situación de vulnerabilidad) e indicadas (personas que ya han presentado conducta suicida) y pretende sentar las bases para articular un trabajo conjunto que cohesione las diferentes estrategias regionales y difunda las ‘buenas prácticas’.

«El acceso al apoyo social, la atención integral a la salud mental y los recursos comunitarios» aparecen como aspectos esenciales para la reducción de las muertes por suicidio y el sufrimiento y desesperanza entre la población española.En España, como en la inmensa mayoría de países tres de cada cuatro personas que se quitan la vida son hombres y tres de cada cuatro que lo intentan son mujeres. El documento subraya en este sentido que es «fundamental» abordar la realidad del suicidio desde una «perspectiva de género», sin especificar medidas al respecto.

Niños, niñas, adolescentes, ancianos, personas con trastorno mental grave, privadas de libertad, dolor crónico, víctimas de violencia y discriminación son los colectivos vulnerables a los que el plan presta especial atención y para los que propone intervenciones específicas. También a los supervivientes. La pérdida de un familiar por suicidio es uno de los duelos más devastadores y estigmatizados a los que se puede enfrentar un ser humano y no en pocas ocasiones sufren ideación suicida. Por ello, el Plan de Acción promueve la posvención, acciones de apoyo a este colectivo, para ofrecer un «soporte temprano y efectivo» y fomentar la ayuda mutua, que recae a día de hoy exclusivamente en los movimientos asociativos sin apenas recibir fondos públicos.

El documento, aun con medidas pendiente de definir y desarrollar con los diferentes proyectos autonómicos, ofrece como una de las principales novedades la creación de primer observatorio público de carácter estatal (existen regionales en Baleares y Cataluña) para analizar el impacto real de este problema social y difundir las investigaciones y recursos desarrollados por las distintas CCAA.

Los datos muestran una tendencia al alza en las cifras absolutas de muertes por suicidio en España, pasando de 3,671 fallecimientos en 2019 a 4,116 en 2023, lo que representa un aumento del 12% en este periodo. Y el número de muertes puede ser superior. No todos los suicidios quedan registrados como tales ni se conoce el número de intentos. Los expertos coinciden en que el número oficial de fallecimientos es inferior al real. Por ello se trabajará para mejorar el sistema de identificación de los casos y su registro con la creación dentro de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública de un grupo de trabajo que ayude a definir indicadores en los casos de muerte e intentos de suicidio con variables como «persona, lugar y tiempo, de problemas de salud mental y, especialmente en conducta suicida (incluyendo intentos y casos consumados)» y realizar así una ‘radiografía’ más ajustada de la realidad. La idea es de avanzar en ello a través de un real decreto.

Una herramienta que ayudaría a certificar el número de muertes con más exactitud es la autopsia psicológica, que actualmente solo se realiza de forma obligatoria en caso de muerte en miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional. El Gobierno prevé extender estas investigaciones a las muertes de niños, niñas y adolescentes fallecidos, en ámbito laboral, sanitario y de prisiones para conocer las circunstancias adversas previas. Ninguna persona se quita la vida por una sola causa. Detrás de cada muerte subyacen múltiples factores de riesgo biológicos, psicológicos y sociales que han provocado un sufrimiento insoportable. Conocer qué lo causaba y cómo fue atendido (o desatendido) su dolor es una vía para proteger otras vidas.

 EXTENDER EL CÓDIGO DE RIESGO SUICIDIO

Según el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO se potenciarán, acciones ya contempladas en el anterior Plan de Salud Mental del que ahora se desliga para identificar antes en todo el ámbito sanitario la posibilidad de que una persona se quite la vida y protegerla de una forma más eficaz. El Gobierno prevé para ello la extensión del Código de Riesgo Suicidio a todas las CCAA en el plazo de dos años. Esta herramienta es utilizada desde hace una década en Cataluña y está ya operativa también en Murcia, Madrid, Extremadura, Andalucía, Navarra, País Vasco, Castilla La Mancha y La Rioja.

Una de las principales áreas de encuentro con ese dolor extremo que es el suicidio es Urgencias. Una persona en crisis suele buscar la ayuda estos servicios de salud mental. Es uno de los «puntos clave» en atención a la conducta suicida por lo que se insta a las CCAA a «mejorar los recursos, la accesibilidad del paciente y optimizar el trabajo para garantizar intervenciones más efectivas» pero el documento no especifica cómo se va facilitar esa mejora del servicio ni con qué fondos en un sector ya sometido a una fuerte presión asistencial. Otro de los objetivos prioritarios es el refuerzo de la coordinación sociosanitaria y del ámbito de emergencias, con protocolos de rescate claros.

El riesgo de suicidio es alto tras un intento o un alta hospitalaria. El Plan de Acción llama a fortalecer las redes de apoyo comunitario con programa específicos «especialmente dirigidos a personas en situación de crisis y aquellas con Trastorno Mental Grave (TMG) que requieren un apoyo prolongado por parte del sistema sociosanitario y que promuevan una recuperación integral y personalizada». El objetivo es que en 2027 el 70% de regiones hayan implantado iniciativas en esta línea. También se busca reforzar ese apoyo continuo a personas con enfermedades crónicas y/o dolor, circunstancias que generan un fuerte malestar emocional y pueden aumentar la conducta suicida.

En 2023 murieron 76 adolescentes por suicidio, la expresión máxima de un sufrimiento que se manifiesta especialmente en los últimos años en un aumento de las autolesiones y pensamientos de muerte. El plan de acción urge a establecer «circuitos claros» para detectar y dar respuesta a las situaciones de maltrato, violencia sexual y de género que puedan sufrir los menores y a reforzar los factores de protección en el ámbito familiar con una mayor coordinación de los profesionales del ámbito sanitario y de servicios sociales.

Los centros educativos también ocupan un lugar prioritario para garantizar ese bienestar y actuar a tiempo. Sanidad y Educación trabajarán conjuntamente para impulsar acciones y se llama a las CCAA a consolidar la figura del ‘gatekeeper’ capacitando a los docentes para que sepan detectar el riesgo y ofrecer un acompañamiento adecuado al alumno o la alumna para que obtengan ayuda. El Ministerio prevé que el 80% de CCAA habrá ofrecido esa formación en dos años.

El Plan de Acción subraya la importancia de que todos los profesionales que están en contacto con personas vulnerables, como sanitarios o trabajadores sociales, puedan convertirse en ‘guardianes de vida’ con esa mirada atenta al dolor. Especial atención requieren los ancianos. A partir de los 80 años, las tasas de muerte para los varones menos triplican la media de la población general. Por ello, se llama a establecer mecanismos para la identificación de personas que se encuentran en situación de soledad no deseada que acuden al sistema sanitario, «con el fin de facilitar su vinculación con la red comunitaria» y a impulsar redes de apoyo en los entornos más cercanos con la realización de talleres u otras actividades y espacios que permitan la socialización y la promoción del buen estado de la salud mental.

Entre los colectivos más vulnerables también se dirige la mirada hacia las personas con discapacidad, para los que el Gobierno quiere impulsar en las distintas CCAA programas específicos que promuevan su bienestar emocional y una atención integral, así como hacia las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad de género y de violencia, personas que viven expuestas a situaciones de exclusión social y con mayor riesgo de problemas de salud mental como pueden ser quienes carecen de hogar, los migrantes o menores tutelados.

También en el ámbito penitenciario. Entre la población con mayor riesgo de sufrir conducta suicida figuran las personas privadas de libertad. Para mitigarlo, garantizar su bienestar emocional y favorecer su reinserción, se impulsará la formación continuada a los profesionales que trabajan en prisiones para la detección e intervención en crisis y mejorar la coordinación con los servicios de salud mental. «El fortalecimiento de la colaboración con entidades sanitarias» se considera igualmente «crucial» para asegurar el bienestar emocional de los estudiantes universitarios.

El acoso y los conflictos laborales, el estrés y el burnout son graves factores de riesgo directamente relacionados con el entorno de trabajo con una deficiente identificación y prevención actualmente. Sanidad trabajará junto a la Comisión Nacional de Seguridad y salud en el Trabajo para mejorar la evaluación e intervención, propondrá a través de informes la inclusión de la prevención de la conducta suicida dentro de los programas de prevención de riesgos laborales e impulsará políticas que promuevan entornos sin saludables. Uno de los últimos estudios de la Confederación Salud Mental España subraya que cerca de la mitad de los trabajadores (47%) reconoce encontrarse expuesto a factores de riesgo.

Sanidad también prevé mejoras en el servicio del 024, la línea telefónica que comenzó en mayo de 2022 a brindar ayuda emocional a personas con conducta suicida y/o a sus familiares y que carece de posibilidad de geolocalizar a la persona en crisis y dar atención asistencial directa, con el objetivo de trasladar en las llamadas recursos comunitarios y reforzar el seguimiento impulsando en las CCAA la creación de equipos especializados de atención telefónica. En la actualidad solo Cataluña posee una línea integrada en el sistema sanitario. Espera firmar al menos un convenio en los próximo dos años.

Una de las vías de protección frente al suicidio más eficaces y menos desarrolladas en España pese al reiterado llamamiento en esa línea de la OMS es la limitación del acceso a los métodos letales y puntos críticos. Sanidad espera que en dos años todas las regiones hayan actuado en los «puntos críticos».

El estigma es una de las principales barreras para prevenir el suicidio. Ésta es una realidad de la que aún cuesta hablar, escuchar y preguntar y ese silencio junto a los mitos aún existentes abocan a muchas personas al sufrimiento extremo en soledad, lo que les pone aún más en riesgo al no pedir la ayuda que necesitan.

El apoyo familiar y social, comprender el dolor y acompañar a buscar una salida alternativa, es uno de los principales factores de protección. El Plan de Acción de Sanidad incluye campañas anuales a nivel nacional de alfabetización y sensibilización que buscan potenciar esas redes comunitarias «con especial atención a las personas mayores y otros colectivos en situación de vulnerabilidad» y llama a las CCAA a realizar iniciativas de promoción del bienestar del ciudadano, entre ellas algunas dirigidas a reducir las tasas de consumo de alcohol y otras adicciones. Autonomías como Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid, Cataluña, Murcia, Canarias y País Vasco ya han desarrollado previamente campañas de sensibilización en prevención de suicidio.

En esta labor de información y lucha contra el estigma los medios de comunicación representan un papel indispensable. Bajo esa convicción, el Plan de Acción integra en sus líneas de actuación una serie de iniciativas para reforzar la implicación de los periodistas en esa labor de prevención. El Ministerio de Sanidad actualizará los manuales y guías de apoyo para los profesionales de la comunicación y ofrecerá asesoramiento.